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La responsabilidad objetiva

de los administradores por deudas sociales

¿Sabías que el incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad concurriendo causa legal de disolución conlleva la responsabilidad del administrador?

Antecedentes

La Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio), en adelante LSC, no modificó la llamada acción de responsabilidad por deudas. La acción de responsabilidad por deudas actualmente regulada en el art. 367 de la LSC ya se contemplaba en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1985, y tiene su origen en la adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades. Lamentablemente, el tiempo demostró que existía una incoherencia en la regulación, pues se exigía la responsabilidad del administrador por las deudas anteriores a la concurrencia de la causa de disolución y, además, dicha regulación entraba en contradicción con la Ley Concursal de tal forma que no quedaba claro si, ante el supuesto de la concurrencia de una causa de disolución y la insolvencia de la compañía que impidiese atender los pagos a sus proveedores, la compañía debía disolverse o presentar concurso. Dichas dos cuestiones fueron objeto de dos reformas: la primera, aprovechando la Ley 19/2005 que reguló la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España. En su Disposición final primera, apartado 8, se modificaba la regulación de la responsabilidad por deudas de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo que los administradores responderían solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. De igual forma la Disposición final segunda modificaba la regulación de responsabilidad por deudas de la Ley de Responsabilidad Limitada, exactamente en los mismos términos que lo establecido para la Ley de Sociedades Anónimas, es decir, que los administradores de las sociedades de responsabilidad limitada responderían solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. La segunda reforma fue la que se introdujo en la Ley de Reforma Concursal 38/2011, que estableció que “Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración de concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución”. Se establece además que, de admitirse a trámite la demanda, se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las acciones que se hayan practicado. Dichas reformas vinieron a paliar la deficiente regulación existente en relación a la responsabilidad por deudas, sin perjuicio de que la jurisprudencia y la doctrina, desde entonces, no han sido unánimes en cuanto a los problemas interpretativos en aspectos tales como la naturaleza de la responsabilidad, el alcance de la misma y la concurrencia en una sociedad de causa legal de disolución y, a la vez, de situación de insolvencia.

Regulación actual.

Presupuestos Actualmente, la responsabilidad de los administradores por deudas sociales se encuentra regulada en el art. 367 del Texto Refundido de la LSC (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio).

Así, el art. 367 dispone:

“1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

”2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior”. Y las causas legales de disolución se establecen en el art. 363 de la LSC, entre las que cabe destacar, pues es el hecho que ha motivado la gran mayoría de acciones de responsabilidad por deudas, la establecida en el apartado d), que establece que la sociedad de capital deberá disolverse “por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”. En definitiva, pues, que si se da cualquiera de las causas legales de disolución establecidas en el art. 363, el administrador tiene el deber de convocar la junta general para que adopte el acuerdo de disolución o, si fuera insolvente, inste el concurso, en el plazo establecido en el art. 365 de la misma Ley, es decir, dos meses. En el supuesto de que la junta no se hubiese constituido o si el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución, y no se hubiesen adoptado los acuerdos necesarios para la remoción de la causa, el deber de los administradores es solicitar la disolución judicial de la sociedad en el plazo también de dos meses, a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta si ésta finalmente no se constituyó, o desde el día de la junta cuando no se hubiese acordado la disolución ni ningún acuerdo necesario para la remoción de la causa. Dejando al margen las disquisiciones doctrinales y centrándonos en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que ciertamente también ha ido evolucionando, debemos resaltar que el presupuesto de las acciones de responsabilidad de los administradores del art. 367 es que los administradores hayan incumplido su deber de promover la disolución concurriendo alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en la Ley.

Naturaleza jurídica

Lo anteriormente expuesto es el fundamento de que la doctrina absolutamente mayoritaria considere que la naturaleza de la responsabilidad del art. 367 es objetiva y también que durante mucho tiempo se haya considerado que su naturaleza era de responsabilidad-sanción. La tesis de la responsabilidad-sanción ha ido evolucionando hasta llegar a negar que esta responsabilidad tenga efectivamente carácter sancionatorio. Hoy día, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la responsabilidad establecida en el art. 367 de la LSC tiene “en cuanto a su fuente −hecho determinante− el mero reconocimiento legal sin que sea reconducible a perspectivas de índole contractual o extracontractual. Se fundamenta en una conducta omisiva del sujeto al que por su específica condición de administrador se le exige un determinado hacer, y su inactividad se presume imputable –reprochable− salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique el no hacer”. Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo y de 7 de octubre de 2013, entre otras muchas, que cita la propia Sentencia. Es decir, que en el supuesto que nos ocupa, la responsabilidad del administrador viene impuesta por ley y consiste en la obligación de pagar una deuda ajena (deuda de la sociedad) si se dan las circunstancias de causa de disolución e inactividad u omisión del administrador.

Alcance y límites

El alcance de la responsabilidad viene determinado por el hecho de que la deuda que se reclame sea posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución. Como ya se ha expuesto anteriormente, la reforma de la Ley 19/2005 limitó el alcance de la responsabilidad a las deudas posteriores y no a todas las deudas de la sociedad, como estaba establecido hasta entonces, pues ello quebraba la finalidad de la Ley, que no es otra que evitar que sociedades que deberían liquidarse sigan contrayendo obligaciones, además, claro está, de crear situaciones absolutamente injustas, pues el administrador respondía de todas las deudas sociales con independencia de cuándo se habían contraído. El art. 367.2 establece una presunción de que las deudas sociales que se reclamen son de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, invirtiéndose la carga de la prueba, siendo los administradores demandados quienes deberán acreditar que son de fecha anterior. En cuanto a qué debe entenderse por deuda posterior a la concurrencia de la causa, se ha discutido si se trataba exclusivamente de las deudas que nacen después de la concurrencia de la causa de disolución, o si podría incluirse aquellas que, contraídas con anterioridad, no fueran exigibles hasta después de acaecida la causa. Nuestra jurisprudencia, de forma muy mayoritaria, ha interpretado que lo que debe tenerse en cuenta es la fecha en la que nace o se contrae la obligación, con independencia de la fecha de su exigibilidad. De todas formas, siguen existiendo discrepancias en relación a determinados supuestos, como las obligaciones de tracto sucesivo. También de forma prácticamente unánime la doctrina y la jurisprudencia entienden que los administradores solo responden por las deudas contraídas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución mientras estos sean administradores, es decir, que la responsabilidad de los administradores cesa en el momento de su cese efectivo, por lo que si la obligación es creada con posterioridad, no serán responsables. Por último, señalar que tras la reforma de la Ley Concursal de 2011 se estableció una incompatibilidad de promover una acción de responsabilidad objetiva –exart. 367− cuando la sociedad se encuentre en situación concursal, de forma tal que, en el supuesto de concurrencia de causa de disolución y situación de insolvencia, cesa el deber de promover la disolución de la sociedad si se insta y es declarado el concurso de acreedores, prevaleciendo por tanto el deber del administrador de solicitar concurso de acreedores. Por lo que respecta a la prescripción de la acción, el plazo es el dispuesto en el art. 241 bis de la LSC, incluido con la reforma de la Ley 31/2014, es decir, 4 años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse la acción.

Texto: Juan C. Fabregat Gamundi

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